Por Hernán Cocchi

La claúsula de desinversión, que obliga a grupos concentrados a desprenderse de licencias, es el único punto que busca debatir la oposición. El decreto, publicado ayer en el Boletín Oficial, reafirma el carácter antimonopólico de la nueva norma.

La Ley de Medios de la democracia está vigente y aplicable plenamente desde ayer. El Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la reglamentación elevada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) que incluye los aportes de los foros que se realizaron en todo el país. “Con la ley en plena vigencia, por primera vez avanzaremos hacia la democratización del marco jurídico en la Argentina”, consideró el titular de la AFSCA, Gabriel Mariotto. Por estos días, la atención de los funcionarios del área está centrada en la decisión pendiente de la Corte Suprema sobre el artículo 161, que establece un plazo de un año para adecuar la cantidad de licencias a las nuevas reglas de juego. El decreto 1225/2010 reglamenta la cláusula de desinversión y el propio titular del ex COMFER afirmó que el plazo de adecuación “empieza a aplicarse”. Además, anticipó que hasta que se conozca la decisión del máximo tribunal sobre el tema, van “a trabajar para que en el plazo de un año todos los medios estén ajustados a derecho”.

Cuando la Ley de Medios de la democracia esté plenamente aplicada, uno de los secretos mejor guardados por las empresas periodísticas será de acceso público. Ante un pedido de adjudicación de licencia o la solicitud de transferencia del derecho del uso del espectro radioeléctrico, el dueño del permiso deberá informar la totalidad de la composición accionaria de la sociedad. El mapa de medios dejará de ser una complicada red a la que sólo acceden los especialistas y seguidores del tema.

Si bien la Ley de Medios no habla de contenidos, algunos de los artículos que se destacan en la reglamentación establecen los criterios básicos para la producción, la compra y la puesta al aire de los programas. El texto aprobado el año pasado por el Congreso pone especial énfasis en la promoción de la producción local de contenidos. La reglamentación ordena que a la hora de evaluar las solicitudes para la adjudicación de licencias se asigne mayor puntaje a las propuestas vinculadas a la generación local. Hoy, el 70% de los programas de televisión de aire que circulan por la Argentina son enviados desde los canales porteños, y el 83% de esa producción viene de Telefe y El Trece.

Las radios deberán emitir un mínimo del 60% de programación local y propia, que incluya noticieros o informativos regionales. En el caso de los canales de televisión, esa cuota se reduce al 30%. La idea fue romper con las cadenas que retransmiten contenidos producidos principalmente en Capital Federal, abrir el juego a las producciones del interior y generar nuevos puestos de trabajo. Además, las señales de TV y las estaciones de radio deberán demostrar que no producen más del 50% de su programación.

En 2008, el ex COMFER dispuso el ordenamiento de la grilla de canales de los servicios de televisión por cable. Si bien la TV paga no estaba contenida en el viejo decreto-ley de radiodifusión de la dictadura, el Comité Federal de Radiodifusión intervino activamente en la regulación del negocio.

La nueva Ley de Medios de la democracia sí contempla al cable como objeto de regulación. La reglamentación publicada ayer en el Boletín Oficial establece que “los servicios de televisión por suscripción deberán ordenar su grilla de programación de forma tal que todas las señales correspondientes al mismo género se encuentren ubicadas en forma correlativa”. Además, se deberá dar prioridad a los canales locales, regionales y nacionales. Una de las “trampas” de los prestadores de televisión paga es vender publicidad en las tandas de los canales que no les pertenecen. El decreto firmado por Cristina Fernández prohíbe esta picardía de los operadores de cable y que los dueños de las señales cedan los minutos de avisos a los prestadores.

Gabriel Mariotto consideró que “esta ley es profundamente antimonopólica” y recordó que los grupos empresarios no podrán controlar “más de 10 licencias de televisión y radio abierta en todo el país y no más de tres por área de cobertura”. “Quien genera contenidos no puede ser el dueño de la empresa que distribuye”, agregó.

Otro punto novedoso es que los trabajadores de los medios están contemplados en la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ante la extinción de una licencia, se otorgará un puntaje adicional “a las propuestas presentadas que contemplen la continuidad del personal” a la hora de evaluar el traspaso del permiso a otra firma .