Por Equipo de Política

El documento prosperó luego del freno que Guillermo Moreno puso a la maniobra con que los socios privados de la compañía intentaron desarticular al cuerpo de inspectores. Advierte sobre un “alto nivel de riesgo operativo”.

El sonido seco de los guantes de box que Guillermo Moreno depositó sobre la mesa, en la última asamblea de Papel Prensa, generó títulos catástrofe y comentarios surtidos. Pero casi nadie se detuvo en el porqué. El funcionario intentó, y consiguió, que los socios privados no desarticulen la comisión fiscalizadora de la empresa, que por ley tiene mayoría de representantes del Estado. Ayer, justamente, los inspectores de la compañía presentaron en el Ministerio de Economía un minucioso informe sobre el funcionamiento interno que denuncia “extremas irregularidades y debilidades de control” que ponen en riesgo la continuidad de la firma.

El trabajo de auditoría habla de un “alto nivel de riesgo operativo”, que “de no arbitrarse” torna “vulnerable el cumplimiento de la finalidad societaria”. La primera parte contiene un análisis del papel del órgano de administración y del rol de la gerencia general. Allí se asegura que el Comité Ejecutivo, que tiene a su cargo la gestión de los negocios ordinarios de la empresa, no sesionó entre 1992 y 2010 (recién lo hizo en julio de este año). Sin embargo, todos los años se designó a sus integrantes, a quienes se les otorgó una remuneración. El área está a cargo de Jorge Noseda, un hombre vinculado a Clarín, que cobró, por todo concepto, en el mes de junio, 330 mil pesos. Y, según advierte la inspección, no ejercita los controles por oposición, ni siquiera asiste a las asambleas, tal cual establece la Ley de Sociedades.

El segundo apartado describe las acciones de los órganos de fiscalización de Papel Prensa. Se subraya que el miembro integrante por el sector privado, Alberto Gowland Mitre, debió dejar su cargo porque fue denunciado por la Comisión Nacional de Valores por incompatibilidades. Gowland alternó en cargos ejecutivos y cargos de control, de manera que acabó auditando su propia gestión. El informe también cuestiona a su remplazante, Ricardo Siri, quien también presentaría incompatibilidades por ser síndico ante La Nación S.A. Se señala también que, a excepción del miembro designado por el Estado, los integrantes del Consejo de Vigilancia no reúnen los requisitos de la Ley de Sociedades.

El trabajo, al que accedió Tiempo Argentino, denuncia además que los gerentes no conceden la información que requieren los organismos de control. Así y todo, se relata la denuncia que hiciera en mayo de este año José Pirillo (ex propietario del diario La Razón), quien aseguró que Jorge Noseda solía recolectar entre el 10 y 15% de la facturación de los proveedores para repartirla entre los accionistas. Y que cuando La Razón vendió las acciones de Papel Prensa, lo hizo por 6 millones de dólares, pero Clarín y La Nación lo contabilizaron en 33 millones de dólares. Por eso mismo, el órgano de fiscalización –además de realizar una denuncia penal– citó a declarar a toda la línea de gerentes, que de manera unánime se negó a hacer declaraciones, a pesar de estar obligados a proporcionar información a los fiscalizadores.

Papel Prensa, según el documento, tampoco tiene un plan estratégico ni un plan de inversiones, ni tiene normatizados los procesos de compras y contrataciones, ni analiza los costos de producción, ni tiene una auditoría externa independiente, como se acostumbra en las empresas con características serias.

La auditoría, de todas formas, apunta que en 2009 la empresa requirió financiación para cubrir obligaciones que no tienen ningún tipo de justificación, ya que ese año se hicieron colocaciones financieras. Y denuncia, además, que durante el año pasado Clarín y La Nación compraron papel a menor precio del que Papel Prensa le cobró a terceros.