Por Lucia Alvarez


La norma supone un avance respecto de la antigua legislación, que sólo sancionaba la violencia doméstica. Esta atiende a las relaciones de desigualdad que afectan la seguridad de las mujeres, en el ámbito privado y público.


Lucía Álvarez


lalvarez@tiempoargentino.net



Mientras continúan los festejos por la ley de matrimonio igualitario, otro paso en la restitución de derechos se dio ayer con la esperada reglamentación de la ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres. El acto se realizó en la Casa de Gobierno y estuvo a cargo de la presidenta Cristina Fernández, quien adjudicó el logro a las mujeres militantes que impulsaron su promulgación. “Somos un instrumento de la sociedad”, afirmó.

El texto es el resultado de largas consultas con ONG, juristas, académicos y expertos en violencia de género, y representa un avance significativo en la garantía de los derechos de las mujeres.

La amplitud del concepto violencia es lo que hace de esta una ley prometedora. A diferencia de la antigua normativa, no sólo protege a las mujeres de la violencia doméstica, sino que previene y sanciona las conductas que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como el privado, y basadas en una relación desigual de poder, afectan la vida, la libertad o la seguridad personal de las mujeres. En este sentido, el abordaje incluye la violencia física, psicológica, sexual, reproductiva, obstétrica, económica y simbólica, sufrida tanto en el ámbito familiar como en los espacios institucionales, laborales, en organismos públicos, partidos políticos, sindicatos, empresas y en los medios de comunicación.

La norma fue sancionada en marzo de 2009 y tiene como órgano de aplicación al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), que preside Lidia Mondelo. Desde su creación, en 1992, el CNM no pudo superar barreras estructurales, como la baja jerarquía institucional dentro del esquema estatal, el escaso plantel profesional y un presupuesto ineficiente, que ronda los 5,5 millones de pesos y que no siempre ejecuta en su totalidad.

También la falta de inversión fue el talón de Aquiles de la ley 26.485, que contaba con una partida de 1.985.768 dólares para dos años y hasta fines de 2011, por un programa acordado entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, a cargo de la ministra Alicia Kirchner, y el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo.

La reglamentación, entre otras cosas, viene a suplir esa falencia, y por eso era una deuda que las organizaciones sociales reclamaban hacía tiempo. También fue una de las demandas presentadas ante el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por un grupo de diez ONG.

En el informe titulado “Derechos humanos de las mujeres: Asignaturas pendientes del Estado Argentino”, el CELS, FEIM, CLADEM y Católicas por el derecho a decidir, entre otras, denunciaron que “la violencia contra las mujeres se aborda de manera desarticulada y fragmentada”, y que resultaba preocupante que no se hubiera reglamentado la ley a más de un año de haber sido votada, “obstaculizando así la adopción de políticas públicas concretas”.

Los datos dan dimensión de la falta: según la Dirección Nacional de Política Criminal, en 2007 se reportaron 10.557 delitos contra la integridad sexual, pero sólo el 12,7% resultaron en sentencias condenatorias; en 2008, se recibió una denuncia por violación cada 2 horas y media, y en la mitad de los casos, las víctimas fueron menores de edad.

Por su parte, la asociación civil La Casa del Encuentro relevó desde el Observatorio de Femicidios los asesinatos de mujeres realizados por violencia machista, cometidos en el primer semestre del año. Indicaron un total de 126 femicidios contra 90 detectados en igual período de 2009, de los cuales casi el 80% había sido realizado por el círculo afectivo o cercano.

El informe demuestra que el 50% de esos femicidios se concentran en tres provincias –Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba– y que dos de cada tres casos corresponden a mujeres de entre 19 y 50 años. También pone la atención sobre las modalidades de femicidios: mujeres golpeadas, apuñaladas, baleadas, estranguladas, violadas, incineradas, degolladas, descuartizadas. “Estos datos demuestran el ensañamiento, la ferocidad, la planificación y la alevosía, de los femicidas hacia las mujeres a quienes consideran de su propiedad”