Por Christian Boyanovsky Bazán
La Sindicatura General, que depende del Ejecutivo de la ciudad, instruyó a 210 auditores para efectuar “tareas de fiscalización” en las escuelas, a fin de establecer quiénes se adhirieron y aplicar descuentos por los días de huelga.
 

La Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires mandó a un batallón de auditores a las escuelas porteñas para confeccionar listas de los docentes que participaron de los últimos paros de los días 15, 16, 29 y 30 de septiembre, con el argumento de “fiscalizar” las ausencias y así aplicar descuentos por los días de huelga. Para los maestros, se trata de una “persecución” similar al intento de individualizar a los alumnos que tomaban escuelas, lo cual revela una intención de “confeccionar listas negras de docentes” que se adhieren a medidas gremiales. El legislador y ex titular de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) en Capital, Francisco “Tito” Nenna, lo comparó con “como un sistema policial de fiscalización”. La Defensoría del Pueblo, por su parte, advirtió en ello la posible violación al derecho constitucional consagrado en el artículo 14 bis de la Carta Magna. Los docentes y supervisores se reunirán hoy a las 15 con los miembros de la Comisión de Educación de la Legislatura, para denunciar este hecho.
La discusión se presenta en momentos en que se conoció un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que rechazó la acción de Ademys, uno de los gremios docentes, que había presentado un amparo contra el descuento de haberes.
La disposición del Síndico General, Ignacio Rial, a la que tuvo acceso Tiempo Argentino, exhorta al Director General de Educación Estatal, dependiente del Ministerio de Educación que comanda Esteban Bullrich, a enviar a más de 200 auditores a las 700 escuelas porteñas, para dar con la documentación que permita efectuar “controles” de los días mencionados. El documento fechado el 1 de octubre, instruye a los funcionarios a reunir “copia del libro y/o planilla de firmas”; “copia de licencias varias (de los días a controlar)”; “listado actualizado del personal (impreso y digital)”, entre otros. Puntualiza que “toda la documentación deberá ser firmada por el responsable del establecimiento” e indica “reflejar inconvenientes” en el acta notarial. La nota invoca el artículo 125 de la Ley 70, de Control del Sector Público, que advierte sobre el cumplimiento de la orden “considerándose la conducta adversa como falta grave”. Para el legislador, esta advertencia constituye un acto de “coacción”.
Para el gremio docente, el gobierno de Macri incurre en “perseguir a quienes utilizan herramientas legítimas para expresarse y reclamar frente a la desinversión educativa que sufre la Ciudad de Buenos Aires. El macrismo considera a los docentes que se desempeñan en cargos directivos como si fueran gerentes de sus empresas”, según expresaron a este diario.
“En lugar de utilizar las auditorías para lo que realmente están creadas, que es garantizar el buen funcionamiento de las áreas de gobierno, han convertido la Sindicatura en una herramienta de persecución a docentes que hacen huelga, que es un derecho constitucional”, expresó Nenna, quien es vicepresidente 2do de la Comisión de Educación de la Legislatura.
La Ley 70 establece que cada dependencia de gobierno cuenta con “unidades de auditoría interna” que “dependen jerárquicamente de la autoridad superior de cada organismo y actúan coordinadas técnicamente por la Sindicatura General”, que depende del Ejecutivo. En su disposición, el síndico ordenó poner en funciones las unidades pertenecientes a Educación a fin de llevar a cabo “tareas de fiscalización en distintos establecimientos educativos”. Esta orden se elaboró el mismo viernes, luego de que los supervisores y secretarios de algunos colegios se negaran a brindar información a auditores que se presentaron con disposiciones firmadas por el Ministerio de Hacienda, según pudo averiguar este diario. La Sindicatura, entonces, dio marcha al pedido a la Dirección General de Educación Estatal, a cargo de Roberto Angrisi, para implementar este control. El despacho incluye la lista completa –con nombre, apellido y número de documento– de los 210 agentes con que cuenta el Ministerio de Educación, para llevar adelante la tarea.
Docentes consultados indicaron que el ánimo persecutorio se manifiesta “claramente” en el hecho de que el sistema educativo cuenta con mecanismos para determinar las ausencias eventuales. “Para eso están las secretarías de las escuelas, que elevan la información de planilla todos los meses a la jefatura de cada distrito, y eso termina en el Ministerio, que hace las liquidaciones. Lo que pasa es que todo eso tarda meses, y el gobierno quiere aplicar los descuentos ya, por eso manda a los auditores”, expuso una docente. 
Este diario intentó obtener testimonios de autoridades de Educación y gobierno, pero el oficialismo porteño eligió el silencio.