La investigación de la verdadera identidad de los herederos de la dueña de Clarín
Caso Noble: La justicia ordenó un peritaje de las muestras de sangre
La jueza Sandra Arroyo Salgado, al frente de la causa, quiere determinar si las pruebas obtenidas en diciembre de 2009 son viables. También pidió que se investigue a los policías que allanaron la casa de Ernestina Herrera en mayo.
La jueza Sandra Arroyo Salgado, al frente de la causa que busca averiguar si Felipe y Marcela Noble Herrera son hijos de desaparecidos, ordenó ayer al Banco Nacional de Datos Genéticos determinar el estado de conservación de las muestras existentes de sangre y saliva tomadas en diciembre de 2009. Además, pidió a la Policía Federal que investigue a los responsables por el allanamiento irregular del 28 de mayo de este año, cuando se secuestró ropa de los jóvenes para obtener su perfil genético, pero luego se comprobó que estaba contaminada con varios ADN.
En la resolución firmada ayer, Arroyo Salgado aclaró que la medida busca “establecer la idoneidad y aptitud pericial” de todas las pruebas obtenidas el 29 de diciembre del año pasado y en el allanamiento del día siguiente, cuando se secuestraron efectos personales de los jóvenes. Pidió que, en caso de detectarse perfiles genéticos, los especialistas verifiquen si es posible encontrar los mismos perfiles en las prendas de Marcela y Felipe incautadas en mayo de este año. También, y para despejar dudas, aclaró que de hallarse esos perfiles “sólo deberá informarse al tribunal dicha circunstancia, mas no su decodificación”, al tiempo que agregó que “no podrán quedar almacenados o ser ingresados en la base de datos del BNDG, ni integrar el Archivo Nacional de Datos Genéticos u otra base de datos”.
Según fuentes de la causa, los análisis de las muestras almacenadas podrían comenzar la semana próxima con la apertura de los sobres en el Banco, que funciona en el Hospital Durand, y ante la presencia de todos los firmantes cuando se tomaron las muestras.
El 29 de diciembre de 2009, cuando todavía el juez era Conrado Bergesio, los jóvenes entregaron voluntariamente sangre y saliva para que se compararan únicamente con el ADN de las dos familias querellantes, Gualdero García y Lanouscu Miranda. La utilización de estas muestras fue solicitada en julio por la fiscal federal Rita Molina, quien también requirió se comparen con los datos del archivo del Banco, donde se encuentra el ADN de todas las familias que buscan a hijos de desa-parecidos. Un pedido al que Arroyo Salgado aún no hizo lugar.
Si bien se trata de una medida preliminar, el resultado de la pericia le permitirá a la jueza tener un panorama más amplio para avanzar en la confirmación de la identidad de los jóvenes, tras el fracaso de las muestras tomadas en el allanamiento. De esa manera, la magistrada podrá descartar todas las posibilidades de prueba existentes en la causa antes de decidir los pasos a seguir (ver p. 3).
Si resultan viables, la magistrada podría resolver que se cotejen con las todas las familias que integran el archivo genético del Banco, tal como pidió la fiscal. En caso contrario, podría recurrir a una requisa de ropa dentro del juzgado, con el antecedente cercano del juez Rodolfo Canicoba Corral, que utilizó ese mecanismo para restaurar la identidad del nieto recuperado 102, luego de un allanamiento frustrado. También podría ordenar una extracción compulsiva de sangre, saliva o cabello, aunque esta última opción podría alargar la ya demorada resolución de la identidad de Felipe y Marcela, ya que daría pie a una eventual intervención de la Corte Suprema de Justicia.
La resolución de la jueza significó además un fuerte respaldo al BNDG, cuestionado por el defensor de Ernestina Herrera de Noble, Gabriel Cavallo, quien intentó impugnarlo como perito oficial. Arroyo Salgado encomendó “la totalidad de las diligencias a la Directora del Banco, María Belén Rodríguez Cardozo”.
Ante la presentación de Molina en julio, la jueza pidió la opinión de las partes, tanto de las querellas como de los jóvenes Noble Herrera. En ese momento, Abuelas había respaldado el pedido de la fiscal Molina, aunque reclamó que primero se verificara la idoneidad de las muestras. Por su parte, la querella de Gualdero García y Lanouscu Miranda, representados por Pablo Llonto y Alcira Ríos, se había pronunciado a favor de convocar a los herederos de Noble a una audiencia para convencerlos de que se sometan a una nueva extracción voluntaria.
En contraposición, los abogados de los jóvenes rechazaron de plano la utilización de la sangre y saliva cedida en 2009. Consideraron que “la administración de justicia no puede pretender ahora echar mano del material genético entregado con un destino específico, para cambiarle el escenario y el alcance del examen y aplicárselo a uno nuevo. Todo ello, simplemente porque la última toma de muestras (igualmente coactiva), en definitiva fracasó y no por un ‘sabotaje deliberado’ como sospecha insidiosamente la Fiscal.”
Hasta ahora las muestras que ordenó Bergesio nunca se habían utilizado, no sólo por el reclamo de los Noble Herrera, sino también por las irregularidades que denunciaron los querellantes desde el momento de la extracción de sangre. Apenas el juez Bergesio ordenó su obtención, Abuelas y las familias Gualdero García y Lanouscu Miranda cuestionaron estas pruebas, que fueron obtenidas por peritos del Cuerpo Médico Forense, no por el BNDG.
Según relata el perito de parte de los hijos adoptivos de Noble, Alejandro Trevisán, ese 29 de diciembre se hicieron tres juegos de muestras: uno fue a parar al despacho del juez y los otros dos al Cuerpo Médico Forense. Sin embargo, con la separación de Bergesio de la causa, surgieron nuevas dudas: en el momento de retirar el sobre de su despacho, se notó que se había violentado la caja fuerte donde permanecían guardadas, desde meses atrás, las muestras.
Tal como anticipó Tiempo Argentino, la jueza también ordenó al jefe de la División Investigaciones Metropolitanas de la Policía Federal la apertura de un sumario que explique si la contaminación de las muestras obtenidas en mayo obedeció a negligencia o a una conducta deliberada de los uniformados que participaron en el operativo, a cargo del subcomisario Carlos Garaventa. Se trata del mismo oficial que condujo el allanamiento fallido en la causa por la identidad del nieto 102. A partir de la denuncia de Abuelas, Garaventa fue sumariado y luego apartado por el ministro de Justicia, Julio Alak, quien además puso en funciones al Grupo Especial de Asistencia Judicial para los allanamientos o requisas en causas por apropiación de bebes durante la última dictadura.
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