Por Daniel Olivera*



Los expertos coinciden en dos temas: el lavado de dinero es el delito financiero más extendido del planeta y, a la vez, el más difícil de probar. Pero no imposible. Por eso en 1989 se creó, por iniciativa del G7, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo internacional que coordina la lucha global contra esta amenaza.



Como la mayoría de países de Occidente, la Argentina adhirió a la GAFI y creó la Unidad de Información Financiera, un ente estatal a cargo de recibir y analizar los reportes de operaciones sospechosas emitidos por los bancos y las administraciones aduanera y fiscal. En la jerga antilavado, a esos reportes se los conoce como ROS, y suelen derivar en investigaciones judiciales. Eso es lo que ocurrió con el ROS 2606, que originó el expediente 468/07 de la UIF. El 18 de junio de 2009, esa investigación fue remitida a la Cámara Nacional de Apelaciones en los Penal Económico de la Capital Federal para su sorteo. El expediente recayó en el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario nº 2, a cargo del magistrado Diego García Berro. La carátula: Editorial Perfil S.A. sobre infracción a la ley 24.769”. Esa norma es la que establece el delito de Lavado de Dinero.



Luego de un trámite expréss, el 4 de noviembre del año pasado García Berro desechó la denuncia por "inexistencia de delito" y unos días más tarde –el 16 de noviembre- la causa fue a parar al archivo. Allí descansa. Con la sospecha, a los ojos de la UIF, que merecía ser mejor investigada.



El reporte en cuestión había sido enviado en julio de 2008 por el Banco de la Provincia de Buenos Aires al Banco Central de la República Argentina, a raíz de dos operaciones de Perfil. Estas fueron dos transferencias del exterior por un total de 650 mil dólares, ordenadas por Winterbotham Trust Co.Ltd. de Nassau, Bahamas, a través de su filial en Montevideo.



Con el fin de demostrar el origen de fondos correspondientes al "préstamo" otorgado, Perfil presentó un contrato con Lam News Agencies Ltd. De Bahamas. Este, según el contrato, está representada por Luis Angel Moretti, quien a su vez es director titular de Perfil e histórico abogado de la editorial casi desde su creación.



A las 48 horas de la acreditación de los fondos en el Banco Provincia, Perfil emitió dos cheques por 680 mil y 1.173.500 pesos a favor de Libros Perfil S.A.. Ésta, luego libró dos transferencias a favor de Editorial Perfil S.A., por 671 mil y 1.155.000 pesos.



Los impuestos pegados en concepto de créditos y débitos por estas operaciones fueron por un total de 55.423 pesos, mientras si hubieran hecho una operación directa sólo se hubiera abonado 11.269 pesos en tal concepto.



Esta diferencia de más 44 mil pesos, abonados por la metodología empleada no mantiene un criterio comercial lógico, por lo que se sospecha fue para ocultar el origen real de los fondos ingresados en Editorial Perfil, más atendiendo que no se ha establecido un negocio casual entre Perfil Publicaciones, Libros Perfil y Editorial Perfil, y considerando las características señaladas de la participación de Moretti y Lams News Agencies.



Las características de distintas operaciones –incluso algunas ajenas a las investigadas por este caso- así como la falta de evidencia respecto del negocio que generara el circuito del dinero entre las partes, la posición e historial de las cuentas corrientes utilizadas, los domicilios comunes entre la originante y la receptora inicial de los fondos, la posición y capacidad funcional y operativa de Moretti dentro del directorio de la receptora de fondos y los antecedentes que vinculan a las generadoras de las operaciones con el Federal Bank y los vínculos de éste con el lavado de dinero del narcotráfico, generaron todas las sospechas que llevaron al pedido de una investigación judicial.

Pero el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nº 2, rápidamente archivó la denuncia por “inexistencia de delito”.



Otras dos causas –en juzgados distintos-, también referidas a Perfil fueron dejadas sin efecto. La 582/07, “Editorial Perfil s/infracción Ley 24.769”, fue declarada prescripta por el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nº 3; en tanto que la causa 3542/05, “NNs/delito de acción pública”, tramitada ante el Juzgado Federal en los Criminal y Correccional Nº 11, secretaría 21, también terminó archivada.



Un año después del rápido trámite de "archivo", el juez García Berro deberá utilizar la misma celeridad para explicar lo que a juicio de la UIF resulta inexplicable.



*Director de El Argentino - Buenos Aires Económico y Diagonales