El canciller adelantó que el Gobierno convocó a la Secretaría de Medio Ambiente para que analice el impacto ambiental que producirá la puesta en marcha de un lago artificial sobre el arroyo. De esta manera, el Ejecutivo intenta demorar el inicio de la obra impulsada por el vicepresidente de Clarín, José Antonio Aranda.


El canciller Héctor Timerman anunció hoy que la Secretaría de Medio Ambiente se encargará de analizar los impactos que provocará en la ecología la construcción de una represa sobre el arroyo Ayuí, ubicado en la Provincia de Corrientes.



El ministro de Relaciones Exteriores explicó que el lago artificial se montará sobre dicho arroyo, el cual desemboca en el Río Uruguay, y que "mera construcción será un impacto" en el ecosistema de la cuenca binacional y de las provincias mesopotámicas.



"Nosotros le enviamos una carta hace unos meses al gobernador de Corrientes pidiéndole que no permita la construcción en tanto y en cuanto no se analicen los posibles impactos en el Río", informó Timerman y aseguró que, además del gobernador Ricardo Colombi, las dos empresas que se beneficiarán con la obra tampoco le brindaron información sobre el proyecto.



"La zona de la represa son ocho mil hectáreas que van a ser inundadas, es la mitad de la Capital Federal. Van a ser anegadas con el único fin de proveer agua para dos emprendimientos de cultivo de arroz", explicó el ministro el diplomático durante una rueda de prensa en la de la Cancillería.



"El Gobierno está decidido a actuar sobre estas dos compañías para evitar que se destruya el medio ambiente", destacó Timerman al referirse a Copra S.A., del vicepresidente del grupo Clarín, José Aranda, y a Adeco Agro, del magnate húngaro-estadounidense George Soros.



"La construcción de la represa colocaría a la Argentina como violatoria del Tratado del Río Uruguay y consideramos que le defensa que hicimos del medio ambiente en el caso Botnia tiene que ser un ejemplo por lo que vamos a ir a la Justicia de ser necesario", subrayó.



En ese sentido, comentó que habló con su par uruguayo, Luis Almagro, quien le expresó la inquietud del gonierno de José "Pepe" Mujica: "Están preocupado por esta situación, pero confían en que lo vamos a solucionar".



También aclaró que el Estado argentino hizo la primera denuncia en 2008, pero que ahora es de urgencia por la inminente construcción anunciada para el 1 de septiembre. "Nosotros desde el 2008 estamos haciendo esta denuncia, pero ahora están por empezar las obras", explicó.