Marcela Noble también se fue a Estados Unidos
Por: Eduardo Anguita eanguita@miradasalsur.com
El ajedrez del ADN de los Noble.
Es evidente que Marcela se iba del país horas después de la burla que sintió la jueza cuando supo que las prendas íntimas de Marcela y Felipe habían sido utilizadas por otras personas para impedir que fuera descubierta su filiación genética. Según testigos presenciales, cuando el personal del juzgado le requirió a Felipe su ropa interior se encontraron con que no llevaba puesto calzoncillo. Sin embargo, una vez que pidió que le dieran vestimenta, solicitó un calzoncillo.
Según la edición de Perfil de ayer, Ernestina Herrera de Noble volvería a la Argentina en estos días. Ejecutivos de Clarín blindaron toda información a Miradas al Sur en tanto que tienen fluida relación con el diario de Jorge Fontevecchia.
Felipe se casó a fines del año pasado. Hace dos meses nació su primera hija y afirmó que eso “le cambió su vida”. Si bien embarcó a Uruguay una semana después del affaire del calzoncillo, volvió a los nueve días. Hasta el momento de ser escritas estas líneas está en la Argentina y se desplaza con una nutrida custodia. Tanto él como sus abogados son concientes de que la ley autoriza a la jueza Arroyo Salgado a obtener muestras genéticas sin intrusión pero con autoridad. En concreto, de acuerdo a la normativa y la jurisprudencia, los funcionarios judiciales pueden quedarse con ropa interior o cepillos de dientes pero no pueden obtener sangre ni cortarle siquiera un pelo a alguien que, quizá, sea uno de los nietos que buscan las Abuelas de Plaza de Mayo.
La firmeza de la ley para no invadir la vida privada de las personas es una muestra clara del espíritu humanitario de la norma. La burda contaminación de las prendas de aquel viernes 28 de mayo se inscribe en la política del monopolio de obstruir la Justicia y ganar tiempo en esta dura partida de ajedrez que tiene, enfrente, al conjunto de la sociedad democrática y particularmente a los familiares de los 400 nietos que buscan las Abuelas. El tiempo que buscan es concreto: Héctor Magnetto, CEO del Grupo y conductor estratégico de los silencios mediáticos, cuenta con el visto bueno de figuras opositoras dispuestas a echar un manto de olvido sobre esta causa que se tramita desde hace nueve años en los tribunales sanisidrenses. Eduardo Duhalde, Elisa Carrió, Julio Cobos y Felipe Solá son algunos de quienes consideran que sus campañas electorales tienen chances de la mano del monopolio.
La impunidad y el poderío mediático son los flancos fuertes para intentar frenar esta investigación. Quedó en evidencia que el Bndg no manipuló, como insiste Gabriel Cavallo, sino que se encontró con una prueba manipulada. El diseño de esa maniobra es de los directivos y los letrados del Grupo. La ejecución necesitó de la participación activa de Felipe y Marcela, quienes con esa conducta dejaron de ser sólo posibles víctimas de falsificación de identidad para asumir un rol mucho más complejo y contradictorio como es el de tomar partido por las decisiones de la conducción de la empresa cuya accionista mayoritaria es quien los adoptó irregularmente.
Los abogados del Grupo afirman por lo bajo que Marcela no es hija de desaparecidos y que, probablemente, Felipe tampoco lo sea. La falta de seriedad de ese argumento contrasta con la decisión de impedir que el Bndg pueda determinar la verdad.
El dato cierto es que Marcela fue a Estados Unidos y que se preparó durante años para asumir funciones directivas en el Grupo. Si tanto ella como Ernestina deciden en algún momento considerar su viaje como parte de un exilio forzado por un gobierno que las persigue es todavía materia de ciencia ficción, pero hay una gran diferencia entre una y otra: Ernestina, probablemente sepa el origen biológico de Marcela, mientras que ella creció en un ambiente que naturalizó que de ciertas cosas “no debe hablarse”.
La sorpresa que causó la frialdad que se esconde detrás de fraguar pruebas exponiendo a Felipe y Marcela, debe hacer pensar que sus estrategas son capaces de jugar con celadas propias de un ajedrez donde uno de los contendores no tiene apego por la Verdad y la Justicia mientras que el otro debe ser consecuente con los principios humanitarios que fueron el origen de sus luchas. Nadie imagina a Estela de Carlotto pergeñando una jugada inmoral. En cambio, Magnetto y Herrera de Noble pueden volver a confundir a la opinión pública. No sólo por su poderío mediático sino porque saben cosas de Felipe y Marcela que el resto no saben.
Pero en estos años la sociedad argentina avanzó mucho en el camino de recuperar la dignidad. Hasta el momento, la gran mayoría de los nietos que recuperaron su identidad lograron romper las corazas impuestas por quienes les fraguaron sus orígenes. El de estos dos jóvenes podría resultar similar –o diferente– en función de múltiples variantes. Una de ellas es decisiva: la posibilidad de que las familias humilladas por el secuestro de bebés durante la última dictadura los localice y, al mismo tiempo, que la identidad genética irrumpa en quien vivió la supresión de su origen y se produzca el milagro de la vida; es decir, que un ser humano, de modo tardío, pueda reencontrar sus raíces.
Esa posibilidad, apasionante para la mayoría de las culturas y tradiciones humanas, choca con los intereses del Grupo Clarín y una cantidad de políticos y abogados que relativizan o se burlan de la tragedia que significó la última dictadura cívico militar.
Los orígenes. Magnetto llegó a Clarín cuando gobernaba el dictador Alejandro Lanusse y Ernestina de Noble estaba encaminada a jugar fuerte en el proyecto Papel Prensa. Por entonces, Magnetto estaba “adscripto a la dirección”. En 1975, cuando tenía jóvenes 31 años, se convertía en gerente general de Clarín Agea. Una potente comisión interna había logrado una serie de mejoras laborales en ese año, entre ellos una muy buena paritaria bajo la órbita de la conducción combativa del gremio de prensa. Oscar González, actual secretario de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete, formaba parte de la comisión interna de Clarín y recuerda que en diciembre de aquel año, cuando faltaban menos de 100 días para la concreción del golpe, tuvieron conocimiento de que los ejecutivos de Clarín entregaban las fichas del personal y especialmente de los militantes, a los servicios de inteligencia del Estado y de las Fuerzas Armadas. Eran los tiempos en que el líder radical Ricardo Balbín advertía la existencia de “la guerrilla industrial”. El 2 de febrero de 1976, la empresa echó a los 13 miembros de la interna y, una vez consumado el atropello a la Constitución, los despidos llegaban a dos centenares. La limpieza del frente interno era el mensaje para quienes se quedaban en sus puestos de trabajo. A partir de eso se explica por qué pudieron titular Nuevo Gobierno el 25 de marzo y por qué en las páginas de ese diario ningún periodista publicó una sola línea sobre lo que pasaba realmente en Argentina.
Pasados 34 años, en un escenario donde se juzga a los genocidas y donde se respetan la libertad informativa y los derechos humanos, Clarín es un pulpo informativo cuyo talón de Aquiles consiste en no informar la verdad sobre los temas que sus empresarios deben mantener en secreto para evitar consecuencias judiciales. Cuentan para ello con algunos abogados que antes fueron eficaces en sus vínculos con la Justicia y que ahora sólo pueden tirar sus dardos envenenados contra los mejores defensores de los derechos humanos o dar apoyo (in)moral a quienes en realidad deberían saber, de una vez por todas, cuál es su identidad de origen.
Esta metafórica partida de ajedrez tiene muchos puntos oscuros. El pueblo necesita saber de qué se trata. La comunicación no puede ser patrimonio de un grupo monopólico que recurre a falsedades. Si esta causa que por ahora sólo conmueve a círculos politizados y de derechos humanos, cobra dimensión popular, estamos ante la posibilidad de dar un paso importante contra la impunidad.
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