El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Córdoba inició esta mañana el proceso contra el ex dictador más otros veinticuatro represores por asesinar a una treintena de presos políticos entre abril y octubre de 1976. Desde el Juicio a las Juntas Militares que el ex presidente de facto no estaba sentado en el banquillo.


El ex dictador y represor Jorge Rafael Videla comenzó a ser juzgado hoy en Córdoba, junto a Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.



Desde el 9 de diciembre de 1985 que Videla no estaba sentado en el banquillo de los acusados, cuando fue sentenciado en el histórico Juicio a las Juntas Militares, y ahora a partir de als 10.53 es juzgado en los tribunales de la ciudad de Córdoba.



Videla está acusado de tormentos y homicidios perpetrados contra presos políticos que estaban en la cárcel de San Martín, por entonces Unidad Penitenciaria Nº1 (UP1). Pero además, en este juicio, se investigan otros crímenes en los que también estuvieron involucrados integrantes de la cúpula militar en Córdoba y en el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía.



Por su parte, Menéndez volvió ayer desde Tucumán, donde escuchó por cuarta vez un pedido de prisión perpetua. Ya tiene tres: el 8 de julio deberá regresar a la provincia norteña para escuchar tal vez la cuarta. Además de Videla y Menéndez, hay otros 29 imputados.



No sólo ex militares y ex policías: también un gendarme y hasta un médico del Servicio Penitenciario acusado de encubrir un homicidio.



El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal Nº1, presidido por Jaime Díaz Gavier, quien es secundado por los jueces subrogantes Carlos Julio Lazcano y José María Pérez Villalobo. El cuarto juez es Carlos Arturo Ochoa, de Río Cuarto.



Como hay 121 testigos previstos, y dada la magnitud de los hechos, se supone que el juicio durará entre cuatro y seis meses. Respecto de las víctimas, 27 de los 31 asesinados eran presos políticos en la UP1, la mayoría de ellos detenidos antes del golpe acusados de actividades "subversivas".



Los otros tres que murieron en simulacros de intentos de fuga estaban alojados en el centro clandestino de detención del D2, donde hoy funciona el Archivo de la Memoria, al lado del Cabildo.



Otro de los asesinados es José Villada, un joven de 30 años del que no hay registro de militancia en alguna organización y quien no figuraba en los registros de "subversivos". Ingresó a la morgue, acribillado, junto a otros dos presos de la UP1, donde nunca estuvo.



También se analiza en este juicio los secuestros y torturas que sufrieron cinco policías y el hermano de uno de ellos, que pasaron por el D2, el Campo la Rivera y finalmente la UP1. Uno de estos policías, Rául Urzagasti Matorras, falleció el año pasado mientras esperaba los lentos tiempos de la justicia