El Frente Nacional de Resistencia Popular llevará a cabo una jornada de asambleas y movilizaciones, entre las que se destaca la Caminata de las Antorchas hacia la Casa de Gobierno, en Tegucigalpa, para conmemorar el derrocamiento de Manuel Zelaya, perpetrado el 28 de junio de 2009 por las Fuerzas Armadas, con la complicidad de un puñado de dirigentes políticos.


"Es un año de lucha, de protestas y de rechazo al golpe de Estado; un año de sufrimiento de la resistencia, pero a la vez de surgimiento de la unidad popular, que hoy lucha por la constituyente y el retorno de Zelaya", declaró Juan Barahona, uno de los coordinadores del movimiento.



Al cumplirse hoy un año del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, el Frente Nacional de Resistencia Popular realizará una jornada de marchas y actos en repudio al quiebre institucional, al gobierno del actual presidente de Honduras, Porfirio Lobo, y en reclamo del regreso del ex mandatario al país.



"La lucha del frente es la misma por la que Zelaya fue derrocado", precisó Barahona y añadió que el propósito es redactar una nueva constitución para hacer los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita y proyectar a Honduras hacia el futuro.



Hoy, los opositores al gobierno de Lobo conmemorarán el golpe con manifestaciones de organizaciones indígenas, campesinas y sindicales, así como de estudiantes, mujeres y activistas de partidos progresistas integrados en el frente, que tendrán lugar en la capital y diversas localidades del país.



Tras celebrar una asamblea en la Plaza Colplosumah cercana a la casa presidencial, al este de Tegucigalpa, partirá la Caminata de las Antorchas hacia esa sede, seguida de una vigilia en la plaza La Merced, además de un concierto en la Universidad Pedagógica Nacional.



El frente, que se formó durante el régimen de facto de Roberto Micheletti, actualmente recolecta más de un millón 200 mil firmas para lograr el retorno del ex mandatario constitucional e impulsar la constituyente.



Desde la toma de posesión de Lobo, las organizaciones sociales registraron más de 700 agresiones por motivos políticos, entre ellas los asesinatos de 12 dirigentes populares y nueve periodistas.