Desde hace una década, los periodistas del grupo no pueden tener delegados. El gerente de RR. HH. de Artear, Ángel Cosentino, no da vueltas: “Mientras esté yo, no hay representación gremial”.



Por Marcos Cittadini


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La historia de Clarín es también la de los derechos vulnerados de sus trabajadores. Miradas al Sur se propuso un breve recorrido por sus distintos medios para revelar sus pésimas condiciones laborales y gremiales. Algo importante para entender por qué es tan difícil encontrar voces explícitas de disenso dentro del grupo. En ninguno de los medios más importantes de la corporación –Clarín, TN y Canal 13 o Radio Mitre– existe una comisión interna reconocida por la empresa. El periodista y abogado Pablo Llonto denuncia que hay una matriz de persecución gremial llevada a cabo por todos los gerentes de Personal del Grupo: “Nada cambió. Mi despido ocurrido hace 19 años es igual al sufrido por los delegados de TN en 2008”. Cabe consignar que Llonto era periodista de la sección Deportes en 1991 y delegado gremial. La legislación prohíbe echar un delegado pero el grupo lo hizo. Llonto siguió con su labor gremial desde afuera de la empresa –donde no lo dejaban entrar– y sus compañeros lo reeligieron aunque Clarín mantuviera su decisión de no reconocerlo.



Ricardo Junghans, uno de los editores echados de Artear por presentarse a elecciones en 2008 en TN, explica que “muchas veces se juzga a los compañeros por no tomar actitudes más combativas, pero hay que estar en los zapatos de un empleado del multimedio. Es muy difícil ejercer la profesión con dignidad cuando te filman, te ponen micrófonos y llenan los pasillos de personal de seguridad”.



Una solución argentina para los problemas. Tal como Llonto relata, la situación no es nueva en Clarín: “Cuando entré a los 17 años, me encontré con una historia de persecución al sindicalismo dentro de la empresa que creí que podríamos cambiar. Sin embargo, lo que hubo fue más hostigamiento. En el diario se ha expulsado en forma sistemática a los integrantes de las distintas comisiones internas. Sucedió en los ’60, en el ’76, en el ’82 y en 1991, cuando me echaron a mí. De hecho, en noviembre van a cumplirse diez años sin representación gremial”.



En 2000, una asamblea de trabajadores desplazó a la comisión interna por considerarla “funcional a los intereses de los dueños”. Un total de 565 personas tuvieron que votar en una combi, porque la empresa no autorizó a hacerlo dentro de las instalaciones. Los nuevos delegados –encabezados por la recordada Ana Ale y por Olga Viglieca– nunca fueron recibidos por las autoridades. Las demandas incluían la reducción de las jornadas de nueve y diez horas a las seis que marca el convenio colectivo, la efectivización de los colaboradores y los contratados, el cese de despidos y de la discriminación sufrida por embarazadas y madres en lactancia.



Como respuesta, la patronal dejó en la calle a 117 trabajadores, incluidos los diez integrantes de la comisión interna. La policía reprimió a quienes se manifestaron frente al diario, mientras fletaban camionetas con vidrios polarizados para que ingresaran los que no se plegaban a la medida.



Pasaron las grullas. La política de recursos humanos del grupo dio sus resultados. Quienes quedaron efectivos y quienes aspiran a trabajar en las empresas de Clarín saben que deben aceptar la precarización o, lisa y llanamente, el avasallamiento a los derechos laborales. El resultado es que, en la actualidad, la posibilidad de elegir representaciones gremiales es nula. Cada periodista debe negociar sus condiciones de trabajo con su jefe inmediato y en forma individual. En cuanto a los salarios, las empresas los fijan en base a dos parámetros. Por un lado, el porcentaje que consigue el gremio de los gráficos –que sí tiene comisión interna– y por otro los aumentos que otorga su socio en Papel Prensa y Cimeco, La Nación.



Un tema aparte es el de los pasantes, aquellos estudiantes universitarios que realizan tareas periodísticas como si fueran profesionales. Ellos cobran mil pesos al mes. Formalmente firman por 20 horas semanales pero los hacen trabajar muchas más horas sin que quede registrado. La promesa es que sus jefes los tendrán en cuenta para el futuro. Los pasantes escriben los suplementos zonales, guiados por redactores de más experiencia que, en la mayoría de los casos, son enviados a esa tarea como si fueran a Siberia. Van “congelados” de Política o Sociedad porque no hacen lo que mandan sus jefes o no comulgan con la línea editorial.



Los pasantes también se ocupan de secciones como Cartelera o la Página del Vecino (donde se publican reclamos por baches, calles rotas o luminarias que no andan). Parece perverso que los empleados peor remunerados del diario sean los que realizan las llamadas “notas de consumo”, publicidades encubiertas en las que se entrevista anunciantes para que promocionen sus productos. Según un pasante consultado por Miradas al Sur que por supuesto pidió reserva de identidad, “en los Zonales también siguen la línea que se baja de arriba. Si hay que darle manija a la inseguridad, se le da, o a la inflación, también, siempre enfocada desde el punto de vista de lo que le pasa al vecino”.



Estar cerca es muy bueno. Estar dentro no. En junio de 2008, integrantes de los noticieros de Canal 13 y TN decidieron organizarse sindicalmente preocupados por el despido de cinco compañeros y por el incumplimiento del Convenio de Prensa y el Estatuto del Periodista.



Fue entonces que Artear cambió su gerente de Recursos Humanos y nombró a un “duro”. Ángel Franco Cosentino fue el responsable de las purgas masivas en el mismo canal en los noventa. Cosentino es un ajustador especializado, ya que hizo el trabajo sucio en América TV y Canal 9 en la última década.



Cosentino agravó la política de expulsiones selectivas con el propósito de abortar la incipiente organización. Durante el segundo semestre de 2008, echó –sin causa– a no menos de 15 trabajadores. Entre ellos a Ricardo Junghans y Marcelo Moreira por presentarse como candidatos en las elecciones de diciembre, que finalmente se realizaron con la participación de 105 trabajadores de los noticieros de Canal 13 y TN.



La sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió la reincorporación de los delegados Moreira y Junghans, al establecer que la razón de su cesantía fue la militancia sindical.



Sin embargo, el Grupo Clarín prefiere desconocer la decisión judicial y no conceder en su política de recursos humanos. No los dejan entrar y ni siquiera pagan la multa diaria de 500 pesos que se fijó por esta trasgresión a la ley. “El problema del Grupo es la manera impune con la que construye sus negocios. Ellos se conciben como un Estado paralelo. A más de 30 años del fin de la dictadura, las prácticas siguen siendo las mismas”, asegura Junghans.



Según Moreira, “en el Departamento de Personal los legajos de los empleados agremiados están separados y en la portada se lee Utpba. Están a la vista para que todo el mundo sepa que lo están observando”. Algo parecido le ocurrió a Llonto cuando pudo ver un expediente que una agencia de seguridad privada había confeccionado con el seguimiento de cada trabajador de Clarín: “Figuraban nuestras opiniones políticas, recortes de diario con intervenciones públicas, a qué partidos pertenecíamos... era increíble”.



Las cosas no han mejorado en el canal. Los aumentos son selectivos y se les hacen costosos regalos a quienes no se afiliaron pero se sigue sin pagar horas extras ni feriados. En Personal sólo reciben a aquellos que quieren solucionar sus problemas en forma individual y Cosentino dijo en los pasillos del Ministerio de Trabajo, en medio de una audiencia de conciliación: “Mientras yo esté, no va a haber comisión interna”. La última víctima fue Marcelo Gallo, responsable del arte electrónico del noticiero, a quien echaron hace unos días, poco tiempo después de testificar en un juicio a favor de un compañero despedido.



La política de infundir temor funciona en las pantallas y en los pasillos del informativo. “Mientras se discutía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los jefes asustaban a la gente con la amenaza de que si se aprobaba se iban a quedar sin empleo, pero Artear es una de las compañías de televisión que más profesionales ha dejado afuera. Cuando compró canales del interior y los forzó a reproducir lo que se hacía en Buenos Aires, eliminó fuentes de trabajo”, afirma Moreira. Lo mismo ocurre con La Voz del Interior de Córdoba y Los Andes de Mendoza, cuyos contenidos nacionales son escritos desde una oficina en Buenos Aires, la Comercializadora de Medios del Interior en la que los colegas padecen peores condiciones que en las redacciones provinciales.



Imagen de radio. En Mitre los representantes de los periodistas fueron desplazados con la privatización menemista. Sólo hay delegados de los técnicos y de los locutores y a partir de su reclamo se fija el porcentaje de aumento que reciben los demás. Hace unos años, los cronistas consiguieron la reducción de la jornada laboral a lo que marca la ley, seis horas, pero a expensas de soportar presiones y tolerar el congelamiento salarial.



Un dato no muy conocido es que en la emisora que más se fustiga a Cristina Kirchner sus trabajadores reciben parte de su salario gracias al Gobierno. Tanto Mitre como Radio 10 están adheridas al programa de Recuperación Productiva (RePro) que brinda a los empleados una suma fija mensual destinada a completar el sueldo mediante el pago directo por Anses. Los periodistas de la radio que más criticó la nacionalización de los ahorros de los jubilados cobran todos los meses el dinero del RePro en el Banco Ciudad de Larrea y Rivadavia.



Miradas al Sur