Es por el Fondo Solidario que prevé el proyecto oficial. Este dinero permitiría mejorar el ingreso de los trabajadores irregulares y estimularía el blanqueo. Sólo se toma en consideración la rentabilidad de firmas que cotizan en bolsa y otros 20 sectores.
 

El Estado contaría con al menos $ 350 millones adicionales para combatir el trabajo en negro, si hoy estuviera vigente el proyecto de participación laboral en las ganancias de la producción, que impulsa el legislador oficialista y titular de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, Héctor Recalde. La estimación surge de extraer el 0,5% de las utilidades obtenidas por las 88 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores porteña ($ 14.117 millones) y las ganancias de 20 sectores productivos declarados ante la Administración Federal de Ingresos Brutos ($ 5.216.278.000). De este modo, el Fondo Solidario contaría con $ 333.666.390, una cifra que podría incrementarse si se eleva el porcentaje destinado al mismo, que el proyecto original fija sólo en un 0,5%. Además, esta proyección no incluye un gran universo de empresas medianas y grandes que no cotizan en bolsa ni han sido auditadas por la AFIP. La iniciativa de Recalde establece que, una vez determinada la cantidad total que cada empresa debe distribuir entre sus trabajadores, el 5% sea destinado para el Fondo Solidario. Los empleados que estén trabajando en negro y sean beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán por única vez una suma equivalente a diez veces el valor de ese subsidio. Pero, para acceder a ello, deberá hacer una declaración jurada ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) donde debe informar quién es su empleador y dónde realiza su actividad, sin que por ello pueda ser despedido por la empresa. Es decir, el proyecto crea el incentivo para que el trabajador busque blanquear su relación laboral, pero además lo protege y le da estabilidad ante posibles represalias. “A partir de la presentación de la declaración jurada prevista en el artículo 22, el trabajador gozará de estabilidad en su puesto de trabajo, no pudiendo ser despedido, suspendido ni modificadas sus condiciones de trabajo sin justa causa y previa autorización judicial durante el término de un (1) año.” Al analizar el porcentaje de las ganancias de las empresas que cotizan en la bolsa local, la suma destinada al Fondo Solidario parece exigua, si se consideran el nivel de utilidades obtenido por estas empresas. Tal como lo indica un reciente informe del Instituto Argentino de Mercado de Capitales, “si se efectúa una comparación temporal para una muestra fija de empresas (corrigiendo por los ingresos y retiros de cotización en los distintos años), se observa que los resultados acumulados al tercer trimestre de 2010 alcanzaron una ganancia de $ 13.010 millones, la cifra más alta para la serie desde 2001”. En la actualidad, el 35,8% de los trabajadores no está inscripto oficialmente (según el Indec), es decir, casi cuatro de cada diez personas que perciben un salario no tienen ni cobertura médica, ni descuentos jubilatorios.  Aunque se trata de un porcentaje alto, cabe destacar que viene bajando sucesivamente desde el año 2003 cuando, luego del estallido de la Convertibilidad, el trabajo no registrado alcanzaba al 50%.
Según el Indec, el norte es la zona del país con peor situación laboral. En la región Noreste, el empleo irregular fue del 42,5%, en tanto que en la región NOA, la informalidad laboral alcanzó el 42,1%. Le siguen como regiones más afectadas Cuyo, con una tasa de informalidad del 36,8% y el Gran Buenos Aires, con el 36,7%. A pesar de sus notables tasas de ganancias, las actividades agropecuarias continúan siendo las principales fuentes de trabajo irregular, situación que permanece ausente en el discurso de los empresarios del campo. Tal como informó ayer Tiempo, en los últimos tres años, el trabajo en negro en la actividad rural del país se incrementó un 10%, a pesar de la mayor capacidad de inspección implementada desde el gobierno.

APOYO. A pesar del rechazo empresario que generó la ley para que las empresas redistribuyan ganancias entre sus trabajadores, una encuesta privada evidenció que, en general, la gente común está de acuerdo con la iniciativa. Un informe de la consultora Ibarómetro elaborado especialmente para Tiempo Argentino preguntó a 1000 personas su posición respecto del proyecto impulsado por el diputado del Frente para la Victoria, Héctor Recalde. El resultado fue que el 53% está a favor, un 23% en contra, y un 24% dijo no conocer el proyecto. Sin embargo, la encuestadora fue un paso más allá y tomó la perspectiva final sobre los usuarios que se señalan como “los que tomaron posición”, es decir, los que se inclinaron por el sí y por el no.  Según informó la encuestadora, de este cálculo se derivó que el 70% ve favorable para los trabajadores el reparto, y sólo el 30% está en desacuerdo.