Por una denuncia del estado nacional
Allanaron las oficinas de Papel Prensa en busca de pruebas por falsificación
El juez Alejandro Catania secuestró siete cajas con documentación. El magistrado también encabeza la causa por espionaje en la firma.
El juez en lo Penal y Económico Alejandro Catania allanó ayer la sede social de Papel Prensa y secuestró documentación para determinar si la empresa falsificó los balances de 2009. El operativo, que incluyó el despliegue de unos 30 efectivos de Gendarmería Nacional, es parte de un expediente iniciado en diciembre de 2009 por una denuncia del integrante del Consejo de Vigilancia de la empresa, Alberto González Arzac, por irregularidades en la convocatoria a la reunión que debía aprobar los documentos financieros de la fábrica de papel para diarios, en la que Clarín y La Nación son socios mayoritarios y están sospechados de utilizar a la firma para controlar el mercado del periodismo gráfico en la Argentina. “Durante 32 años con un mismo auditor, hay ciertas presunciones y documentación que dan cuenta de que los balances presentados durante toda la historia de Papel Prensa son falsos”, afirmó el titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Daniel Reposo. El funcionario agregó que en la empresa “hay una violencia jurídica continua de todo lo que son procesos, no sólo de la Ley de Sociedades Comerciales, sino también de procesos contables”. El operativo comenzó pasadas las 10:45 y estuvo a cargo de Daniel Suligoy, comandante principal de Gendarmería.
El juez secuestró siete cajas de documentación de las oficinas del cuarto piso del edificio de la calle Bartolomé Mitre al 700, donde funciona la sede social de Papel Prensa. La causa que dio origen al allanamiento es por presunta malversación de documentación y falsificación de los balances que deben ser presentados en forma trimestral y anual ante la Bolsa de Comercio y la Comisión Nacional de Valores. Sin embargo, Reposo explicó que el mismo magistrado también tiene a su cargo la investigación de la denuncia realizada por el ex dueño del diario La Razón y ex accionista de Papel Prensa, José Pirillo, quien afirmó que en la compañía funcionaba una agencia de inteligencia que recopilaba información financiera de políticos y jueces para luego extorsionarlos. El empresario declaró que la organización era dirigida por el actual CEO de Clarín Héctor Magnetto y que la documentación era archivada por los diarios para ser utilizada cuando la consideraran útil. Según el funcionario, los papeles secuestrados ayer también podrían ayudar al magistrado a avanzar en esta última pesquisa.
Por su parte, Clarín y La Nación calificaron al operativo de “exagerado” e intentaron explicar que Catania “podría haber solicitado la información mediante un oficio a la compañía”. Y agregaron que Papel Prensa “nunca se negó a entregar ningún dato requerido por la justicia o incluso podría haberla requerido al Juzgado Comercial” a cargo de Eduardo Malde, quien mantiene parcialmente intervenida la empresa por las reiteradas denuncias de irregularidades.
Reposo denunció también que los socios privados mantienen en la sede social de Papel Prensa a “patovicas” para evitar el trabajo de los funcionarios del Estado. De hecho, en las imágenes del operativo publicadas hoy por Tiempo Argentino aparece uno de los hombres de seguridad privada contratado por la firma que impidió el ingreso de la contadora de la Sindicatura General de la Nación Vivian Stenghele, que buscaba realizar la certificación de los balances del tercer trimestre de este año. En la anteúltima asamblea de accionistas, el Estado objetó el trabajo del Estudio Bertora & Asociados y en particular del contador Juan Carlos Cincotta como contador certificante. En la última reunión de socios no hubo acuerdo para contratar un nuevo auditor. Entonces, los socios privados dieron por finalizada la discusión y los representantes públicos continuaron en una oficina contigua y nombraron a la SIGEN para esa tarea. Luego, el juez Malde, a través del coadministrador judicial Martín Arecha, concedió al organismo encabezado por Reposo la autorización para revisar la documentación financiera hasta tanto se nombre a un nuevo profesional. Días antes, un grupo de “patovicas” impidió el ingreso de la contadora Stenghele y de sus colaboradores a las oficinas de la calle Bartolomé Mitre.
Los tribunales son uno de los escenarios de la disputa entre Clarín y La Nación y el Estado por el control de la compañía. Luego de cada discusión, los oficios judiciales cruzados contra los funcionarios públicos y los socios privados profundizan las diferencias. La orden presidencial es garantizar a todos los medios del país el acceso en las mismas condiciones y al mismo precio a la producción.
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