En el actual debate público para elevar las jubilaciones al 82% móvil es necesario repasar la historia, afirmar un presente de solidez y pensar responsablemente el futuro.
Venimos de un pasado construido por una errática historia de decisiones macroeconómicas que hicieran colapsar el sistema previsional.
Con gran cantidad de aportantes y pocos beneficiarios, Frondizi introduce por ley el 82% móvil.
Se registra el primer déficit del Sistema Previsional que imposibilitaba cumplir con el 82% móvil.
Con incumplimientos y un aluvión de juicios, Onganía declara la inembargabilidad de los bienes de las Cajas Jubilatorias.
Aumenta las contribuciones y la edad jubilatoria y limita el 82% móvil para los superaran los 30 años de servicios.
Se fijó el haber ordinario en el 70% del cargo ocupado al cese de actividad, se incorporó un millón de nuevos jubilados y se eliminaron las Contribuciones Patronales.
Alfonsín reinstaura las Contribuciones Patronales. Se acentúa la crisis de financiamiento. La relación activo pasivo era de 1,9 aportante por cada jubilado.
Alfonsín decreta el Estado de Emergencia del Sistema Previsional. Disminuye los haberes, suspende la ejecución de sentencias e incrementa los aportes patronales.
Las deudas del Estado serán canceladas años después por los Bonos Previsionales del Gobierno de Carlos Menem que, en gran parte, contribuyó a un significativo aumento de la deuda externa.
Menem instaura el sistema mixto, de AFJP y Reparto. Se aumenta la edad de retiro, aumentan las restricciones para acceder al beneficio. Se eleva así el número de excluidos del sistema.
La tasa de cobertura llega a menos del 50%.
De la Rua establece la quita del 13% en las Jubilaciones y los haberes de los empleados públicos para cumplir con la “Ley de Déficit Cero” solicitada por los organismos de crédito internacional.
Actualmente, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) es un sistema solidario de reparto, con igualdad de cobertura y tratamiento para todas las jubiladas y jubilados del país.
Se compone en un 56% por los ingresos de los trabajadores activos y en un 44% por los impuestos que pagan todos los argentinos, entre ellos el IVA.
Estos fondos, administrados por la ANSES, son el reaseguro y el ahorro de todos los trabajadores activos y jubilados, incluso de aquellos que todavía se encuentran –o se encontraron– excluidos de los derechos laborales, por medio del pago de impuestos como el IVA.
El país está haciendo grandes esfuerzos por recomponer el monto de las jubilaciones.
Todo lo que se haga siempre será insuficiente. Pero hay que seguir avanzando.
Hubo 18 aumentos otorgados desde el 2003, luego de una década de jubilaciones congeladas.
Hay que continuar con el Plan de Inclusión Previsional que posibilitó la incorporación de más de 2.500.000 jubilados excluidos por el viejo sistema.
Hoy Argentina tiene la tasa de cobertura previsional más amplia de América Latina.
Queremos seguir avanzando en el cumplimiento de la Ley de Movilidad Jubilatoria por la que se establecen dos aumentos obligatorios por año a todos los jubilados.
Esta ley –rechazada en su momento por varios sectores- plantea una fórmula de cálculo para la actualización de haberes que considera la evolución económica como variable central. En lo que va del año 2010, permitió aumentar las jubilaciones en un 26,49%, siendo este aumento mayor que los cálculos alternativos propuestos.
Desde el 2003, el sistema de seguridad previsional incrementó sus ingresos por el fuerte crecimiento del empleo registrado posibilitando que la jubilación mínima de $150 pesos - mantenida en Argentina durante 10 años-, pase a $ 1.046 pesos, es decir, un incremento del 597,8 %.