El juez Malde interpretó que buscan “privar ilegalmente al Estado nacional de su derecho a elegir la mayoría” de ese órgano clave.

La justicia frenó la intención de Clarín y La Nación de cambiar a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora de Papel Prensa. El juez comercial Eduardo Malde dispuso ayer que el tema no se trate en las próximas asambleas de accionistas. El último intento de los socios privados de la empresa se produjo en la reunión que fue interrumpida por Guillermo Moreno, gracias a la escena en que puso sobre la mesa un par de guantes de box y un casco de juguete.

El magistrado indicó en el fallo emitido ayer que “el peligro aparece configurado en que los accionistas privados pretenden, ejerciendo su posición mayoritaria, privar al Estado nacional de un derecho que le asiste y que ha sido respetado pacífica y uniformemente desde que aquél adquirió la calidad de accionista minoritario, modificando la conformación de la Comisión Fiscalizadora, dejando en minoría a la representación del Estado nacional en dicho órgano, en un momento en el cual se encuentra en plena labor de investigación de las denuncias efectuadas al tiempo de las asambleas del 3 de junio sobre posibles ilícitos de dependientes con cargos gerenciales y su posible vinculación con alguno de los accionistas privados”.

La elección de los síndicos iba a realizarse el 12 de agosto pasado, pero tuvo que suspenderse “por desorden” luego de que el secretario de Comercio Interior se opusiera a la intención de los accionistas privados de modificar la composición de la Comisión Fiscalizadora, el único organismo de la empresa en que el Estado tiene mayoría. El objetivo de los representantes de los diarios era debilitar la capacidad de acción del Estado.

Esa fue la última reunión antes de que el Poder Ejecutivo mandara al Congreso el proyecto de ley para regular la producción de papel.

“Corresponde admitir la medida precautoria solicitada por el Estado Nacional y suspender la posibilidad de que se vote la moción efectuada por CIMECO SA en el tratamiento del punto 12 del orden del día de la asamblea del 12 de agosto de 2010, en cuanto importa privar ilegalmente al Estado Nacional de su derecho para elegir a la mayoría de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora que designe la asamblea, pretendiendo imponer la voluntad de los accionistas privados, en lo que importa un ejercicio disfuncional de esa posición mayoritaria”, concluye el fallo.