21-04-2010 / La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, presentará mañana una demanda judicial contra el vicepresidente Julio Cobos por "violación a los deberes de funcionario público". Patrocinada por el abogado Eduardo Barcesat, Bonafini presentará la demanda mañana a las 10 ante los Tribunales de Comodoro Py 2002.


Después de la votación por la modificación en el impuesto al cheque, Madres de Plaza de Mayo presentarán mañana a las 11 ante el Congreso de la Nación el pedido de juicio político contra Julio Cobos por "comisión de delito en ejercicio de sus funciones". La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, será quien presentará la demanda contra el vicepresidente por "violación a los deberes de funcionario público".



La denuncia, que se explica en un comunicado, se completa con el pedido de "inhabilitación para ejercer cargo o función pública en el futuro". Patrocinada por el abogado Eduardo Barcesat, Bonafini presentará la demanda mañana a las 10 ante los Tribunales de Comodoro Py 2002. Luego, a las 11, las Madres de Plaza de Mayo se dirigirán al Congreso de la Nación, donde pedirán el "juicio político" contra Cobos por "comisión de delito en ejercicio de sus funciones".



Ayer, el vicepresidente Julio Cobos fue denunciado penalmente ante la Justicia Federal por haber aprobado como presidente del Senado y por "mayoría simple" las reformas al impuesto al cheque. En la presentación, realizada por dos abogados, se lo acusa de incumplir con los deberes de funcionario público y de cometer abuso de autoridad; y se reclama que sea sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas.



"Cualquier particular se puede presentar denunciando al vicepresidente", había dicho el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Ayer a la mañana lo repitió el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. "El Gobierno no hará nada, pero cualquiera puede plantearlo", dijo.



Quienes hicieron la denuncia son los abogados Antonio y Darío Liurgo, quienes en su presentación sostienen que "no parece descabellado verificar la existencia de elementos constitutivos de su aparato psíquico que generen algún grado de inimputabilidad, que le impidan conocer la criminalidad del acto".