La decisión, que confirmó fallos de instancias anteriores, fue dictada en el marco de la causa en la que se investiga el secuestro extorsivo del empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto, durante la última dictadura militar. La Corte también rechazó el recurso extraordinario interpuesto por la defensa del dictador Jorge Rafael Videla y ratificó la inconstitucionalidad que ya había dictado anteriormente respecto a su indulto.

La Corte consideró que las cuestiones planteadas en la causa son sustancialmente análogas a las cuestiones examinadas y decididas en la causa “Videla”, por lo cual dejó firme la sentencia apelada de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. La misma, había confirmado un fallo de primera instancia que declaraba la inconstitucionalidad del decreto de indulto que beneficiaba al ex ministro de Economía.



En la causa “Videla”, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal confirmó el 14 de julio de 1988 la prisión preventiva dictada contra Jorge Rafael Videla y Albano Eduardo Harguindguy, por el delito de secuestro extorsivo reiterado con motivo de las detenciones y puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional del empresario Federico Gutheim y de su hijo Miguel Ernesto.



Ese tribunal había entendido que “surgía de modo inequívoco la falta absoluta de razonabilidad de las detenciones de los Gutheim”, ya que “con respecto al padre no ha podido invocarse más que su carácter de responsable de la firma SADECO S.A. y el incumplimiento de contratos celebrados con los comerciantes ingleses y chinos residentes en Hong Kong y la repercusión desfavorable” de esta situación respecto del comercio exterior argentino. El hijo, en tanto, no perteneció jamás a razón social o empresa alguna que haya participado en actividades de exportación.



La investigación del caso se extendió luego al ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Posteriormente, el ex presidente de la Nación, Carlos Menem, indultó tanto a Martínez de Hoz, como a Videla y Harguindeguy. En consecuencia, se declaró extinguida la acción y se dispuso el sobreseimiento definitivo de Videla.



El proceso quedó paralizado hasta la presentación interpuesta el 20 de junio de 2006 por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de los decretos de indulto. También, el secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, planteó un pedido similar respecto del decreto que indultó a Videla.



El juez de la causa declaró finalmente la inconstitucionalidad del decreto y la nulidad de los actos que fueron su consecuencia directa. La Cámara confirmó el fallo. Ante esta situación, la defensa de Videla presentó un recurso extraordinario ante la Corte, que fue rechazado.